La iglesia y el gobierno; el matrimonio y los homsexuales
El reciente conflicto, que continúa hoy como juguete electoral, es una dialéctica entre sordos. Me refiero a lo que sucede en España.
Por una parte, el gobierno con legítimo derecho promueve una legislación para proteger a un sector de la población.
Por otra, la iglesia católica se pronuncia en legítima defensa de una institución secular, admitida y sin conflictos, hasta ahora aglutinante de los dos factores biológicos aptos para la reproducción, indispensable para la creación de la familia y la existencia de la Humanidad.
¿Qué problemas hay detrás de todo esto?
El gobierno en legítimo ejercicio de su obligación de proteger a un sector importante de la población, se excede en esa protección e invade un institución secular.
La iglesia aprovecha su legítima obligación de defender la institución secular en cuestión, para coadyuvar resultados políticos que le resulten favorables.
El gobierno concede a ese importante sector de la población derechos invasivos a otro derecho constituido (con vertientes religiosas, seculares, convencional e copiosamente usado y aceptado por antonomasia) con una velada intención de ganancia electoral procedente de ese sector favorecido.
La iglesia utiliza el estandarte de la defensa del matrimonio y la familia (tema especialmente sensible para una importantísima parte de la sociedad), para encauzar sus pretensiones de regreso a una preponderancia similar a la que tuvo durante el régimen franquista, y para instrumentalizar su visceral rechazo al signo del gobierno.
Y una parte adicional. nosotros, como peones de una y de otra. No importa de qué lado, sino peones de un juego de intrigas casi medievales.
Personalmente pienso que esta bronca se hubiera evitado de forma muy sencilla: concediendo todos los derechos que le estaban vedados para una unión legal de sus relaciones personales (con todos los efectos y consecuencias) al mencionado e importante sector de la población y, por la novedad y trascendencia social e histórica, denominando a esa unión con un término jurídico propio, inequívoco y duradero que no solo impidiera la invasión de la institución del matrimonio, sino que respetara los derechos de la mayoría de la población que con anterioridad a esta nueva ley decidió unir sus destinos conforme a una definición legal que correspondía con lo que durante siglos en nuestra cultura se hizo.
Si durante siglos se fue injusto con ese sector de la población, cosa que casi nadie pone en duda, vale la pena crear figuras legales específicas que afiancen los derechos otorgados tras largas y dolorosas reivindicaciones. Si en las próximas elecciones cambiara el signo del gobierno quien sabe si para complacer a esa iglesia que tanto ha trabajado por el cambio, se modifique esa legislación, para mayor conflictividad social.
Pero así es la política: la de los gobiernos y… la de la iglesia católica española.
el 22 enero, 2008 a la(s) 10:22
Realmente, este escrito es muy acertado, en los albores del siglo XXI las instituciones tienen que ser lo suficientemente sabias como para conceder derechos a determinado grupo social, sin afectar a instituciones que perduran a través de los siglos. Se puede lograr un equilibrio sin daños a terceros y sin que corran el riesgo de la aparición de una nueva legislación les prive de lo obtenido.
Porfin